Momentos antes de aprobarse en el Congreso, una misteriosa disposición fue incluida en la nueva ley Military Commission Act (MCA), firmada por el presidente Bush el 17 de octubre de 2006 (véase la historia nº 1). La norma redefine la tortura, quitándole lo más riguroso a la mayoría de las técnicas polémicas que tipifican los crímenes de guerra y exime de proceso judicial a los interrogadores que hayan cometido tales ultrajes desde noviembre de 1997. El motivo para esta provisión, sin embargo, conduce claramente a la cabeza de la administración Bush, como un pasadizo eficaz en los esfuerzos de EEUU por reescribir la Convención de Ginebra sobre Crímenes de Guerra, tal como indican los testimonios bajo juramento del teniente general Randall M. Schmidt, mayor general Mike Dunlavey y el brigadier comandante general Janis Karpinski, cuando se debatió la responsabilidad del ex secretario de defensa Donald Rumsfeld, del vice presidente Dick Cheney y del presidente George Bush en la dirección de los actos de tortura sobre los detenidos de Guantánamo y Abu Ghraib. Joanne Mariner, de Human Rights Watch, agregó que el efecto de esta disposición de la MCA 'es que los perpetradores de diferentes categorías de variados crímenes de guerra cometidos podrán quedar largamente sin castigo bajo ley de EEUU”. En su totalidad, la MCA se desarrolló fuera de la necesidad de eliminar la declaración del Tribunal Supremo de junio de 2006 sobre la inconstitucionalidad de las comisiones militares montadas precipitadamente por la administración. Esa decisión trascendental del Tribunal Supremo confirmó que todos los presos bajo custodia de EEUU deben ser mantenidos de acuerdo con el artículo 3 de la Convención de Ginebra, que prohíbe 'ultrajes sobre la dignidad personal, en particular un trato humillante y degradante”. A través de la aprobación de la MCA, el Congreso y el presidente negaron el papel correctivo de las cortes en la comprobación del equilibrio de los actos del poder ejecutivo.
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